Lomas de Zamora, diciembre 29 (AUNO) – Los juicios por crímenes de lesa humanidad atraviesan un momento crítico por las demoras en gran porcentaje de causas en estados de instrucción y la disminución de la penas, en el contexto del gobierno macrista que da señales claras de estar contra esos procesos.
Al 10 de octubre de 2017 se registraron 613 causas con 2971 imputados. Hasta entonces, el 31 % (193) de los expedientes había recibido sentencia. Del 69 % (420) de las causas restantes, el tres % (16) estaba en juicio, el 19 % (117) en elevación a juicio y el 47 % (287) en instrucción, según datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad.
Respecto de la situación procesal de los imputados, el 28 por ciento (818) se encontraba condenado, el 25% (754) procesado, el 17 % (492) fallecido.
El 17,5 % (531) imputado, el cinco % (154) se le dictó falta de mérito, el tres por ciento (99) fue absuelto, el dos% (58) sobreseído, el 1,5 % (38) estaba prófugo y el uno % (27) indagado.
El proceso eterno
El director del Programa de Fortalecimiento Juicios de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Federico Schmeigel, señaló a AUNO que “casi la mitad de las causas sigue en primera instancia”.
“La sociedad civil y los organismos pujan para que el proceso continúe, pero siempre es necesario el compromiso de las autoridades del Estado para poder profundizarlo, si no estamos en una situación que creo que es la que atravesamos hoy. La lentitud vuelve eterno el proceso”, destacó Schmeigel.
Como consecuencia, se da “una carrera contra el tiempo, porque los imputados y las víctimas fallecen antes de que las causas lleguen a juicio o se conozcan las sentencias”, aseguró ese referente bonaerense.
Desmantelamiento
“El actual clima político no permite el avance o, por lo menos, no promueve los juicios”, precisó Schmeigel, que agregó: “Hemos tenido el cierre o, por lo menos, el desmantelamiento de áreas específicas para la cuestión de los juicios de lesa humanidad”.
A la quita de presupuesto también se sumaron los despidos de trabajadores, como en el caso del Ministerio de Defensa, que el 21 de diciembre anunció que a 70 empleados no se les renovará el contrato para el 2018. Entre ellos se encuentran varios miembros de la Dirección de Derechos Humanos, que desde 2010 documenta, clasifica y sistematiza los archivos militares de la última dictadura, los cuales se convirtieron en pruebas para las juicios de lesa humanidad.
“Hay cosas que uno percibe que no son parte del azar y que tienen que ver con un clima político, que la Justicia asume como propio y actúa en consecuencia, deviniendo en resoluciones arbitrarias y circunstancias que no promueven que se agilice el proceso, para avanzar como corresponde”, aseguró el referente de la CPM.
En el fallo “Fontevecchia y otros c/ República Argentina” del 14 de febrero de 2017 la Corte Suprema de Justicia desestimó la presentación de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, por la que se pedía que se dejara sin efecto una sentencia firme de ese tribunal, como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, y el voto propio de Horacio Rosatti, y la disidencia de Juan Carlos Maqueda, la Corte resolvió que la CIDH no pueda revocar sentencias de la Corte.
Además, con el voto de Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz, el 28 de marzo, la Corte determinó en la causa “Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios” que esa demanda sobre delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado no es imprescriptibles.
A estos dos repudiados fallos, se sumó el del beneficio del dos por uno. El 3 de mayo de 2017 la Corte aplicó la Ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, y al momento se encontraba derogada, en el caso del represor Luis Muiña contra personas del Hospital Posadas. En esa ocasión, Lorenzetti y Maqueda votaron en contra.
Por su parte, el abogado especialista en derechos humanos y periodista Pablo Llonto denunció que “no hay interés político por parte de la Corte de poner en el lugar que hay que poner a estos juicios, que tendrían que ser prioridad por respeto a las miles de víctimas y por respeto a la obligación del Estado argentino de llevarlos adelante”.
“Hoy, el mayor reclamo que tenemos es que los juicios vayan más rápido, que las audiencias se fijen, al menos, dos veces por semana. Es muy poco, pero es algo que hemos ido perdiendo, porque en la mayoría de los lugares los juicios se hacen una vez por semana o, inclusive, una vez cada quince”, enfatizó Llonto en diálogo con AUNO.
Para Llonto, “la necesidad de que estos juicios vayan cada vez más rápido tienen que ver con el tiempo. Gran parte de los imputados tiene entre 80 y 90 años, también gran parte de los testigos, las madres y los padres. Tenemos muchos fallecidos por mes”, resaltó Llonto.
Recordó que “el juicio a las juntas de la dictadura tenía audiencia todos los días, de lunes a viernes. De ese ritmo se pasó a los intermedios, en 2006, 2007 y 2008, de dos o tres audiencias por semana. Hoy tenemos una audiencia por semana”.
Aseguró, sin embargo, que lo juicios “marchan adelante por el enorme impulso de los organismo y los familiares, por los pocos jueces que han entendido la gravedad del problema y por la voluntad de gran parte de los fiscales que, sobre todo, son los que a nivel nacional están en todas las causas y hacen lo imposible para que se mantengan”.
Respecto a la cantidad de juicios, Llonto señaló que “aumentó un poquito”, en comparación al 2016. “Se hicieron o se están haciendo 25 juicios orales, pero eso no quiere decir que subió realmente la velocidad de los juicios”.
ESMA unificada
El 29 de noviembre de 2017 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Pablo Bertuzzi, dictó 29 condenas de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ESMA, uno de los más grandes del país, contra casi 800 víctimas.
Se estima que unas cinco mil personas pasaron por la ESMA, ubicada en Avenida del Libertador 8151, Núñez (Capital Federal) , en calidad de detenidos y desaparecidos entre 1976 y 1983. De los casi 800 casos, 484 “fueron por desaparición forzada o por homicidios agravados”.
El juicio oral y público de la causa “ESMA Unificada”, que había comenzado en 2012, fue el proceso más prolongado en la historia del sistema penal argentino. Se inició con 68 acusados pero llegó a su fin con 54, porque en los cinco años que duró el proceso fallecieron once y otros tres fueron apartados por razones de salud.
Las penas recayeron sobre el jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales y posterior subjefe de Operaciones del Estado Mayor Naval, Rubén Oscar Franco (20 años de prisión); el jefe de Operaciones y de Planeamiento Naval, Edgardo Aroldo Otero (17 años de prisión); y el jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada, Mario Pablo Palet (8 años).
Las condenas para los integrantes del Grupo de tareas (GT) 3.3 de la ESMA fueron las siguientes: Jorge Eduardo Acosta (perpetua), Rodolfo Agusti Scacchi (perpetua), Alfredo Ignacio Astiz (perpetua), Ricardo Miguel Cavallo (perpetua), Rodolfo Oscar Cionchi (perpetua) y Hugo Enrique Damario (perpetua).
Incluyó también a Francisco Armando Di Paola (perpetua), Adolfo Donda (perpetua), Miguel Ángel García Velasco (perpetua), Alberto Eduardo González (perpetua), Ricardo Jorge Lynch Jones (absuelto), Luis Ambrosio Navarro (perpetua), Guillermo Horacio Pazos (16 años de prisión); Antonio Pernías (perpetua), Jorge Carlos Radice (perpetua), Juan Carlos Rolón (perpetua), Néstor Omar Savio (perpetua), y Carlos Guillermo Suárez Mason (perpetua).
También Eugenio Bautista Vilardo, quien se desempeñó en la Cancillería, y tuvo una relación directa con los miembros del GT 3.3, fue condenado a prisión perpetua.
Las penas impuestas a los imputados vinculados al grupo de tareas fueron: Juan Arturo Alomar (13 años de prisión), Paulino Oscar Altamira (8 años y seis meses), Daniel Humberto Baucero (10 años), Julio César Binotti (8 años), Miguel Enrique Clements (8 años) y Daniel Cuomo (perpetua).
Por su parte, a Juan de Dios Daer le dieron (8 años), Carlos Eduardo Daviau (12 años), Orlando González (perpetua), Víctor Roberto Olivera (14 años), Antonio Rosario Pereyra (10 años), Héctor Francisco Polchi (11 años) y Miguel Ángel Alberto Rodríguez (8 años).
Respecto de los médicos navales de la ESMA, Carlos Octavio Capdevila fue condenado a 15 años y Jorge Luis Magnacco (14 años), pero los jueces la unificaron con las penas anteriores en una única de 24 años, y Rogelio Jorge Martínez Pizarro (perpetua).
Vuelos de la muerte
Fueron juzgados también por los “vuelos de la muerte” los pilotos de la Prefectura Mario Daniel Arru (perpetua) y Alejandro Domingo D’Agostino (perpetua), mientras que los pilotos de la Armada Emir Sisul Hess y Julio Alberto Poch fueron absueltos, al igual que el mecánico de vuelos Rubén Ricardo Ormello.
Los miembros del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), Pablo Eduardo García Velasco, Francisco Lucio Rioja y Hugo Héctor Siffredi fueron condenados a perpetua.
En tanto, los integrantes del Servicio de Inteligencia de la Prefectura Juan Antonio Azic fue condenado a perpetua, y Jorge Manuel Díaz Smith, a 12 años de prisión.
Respecto de los miembros de la Policía Federal Juan Carlos Fotea se le impuso 25 años de prisión y a Claudio Orlando Pittana y Ernesto Frimón fueron condenados a perpetua.
El ex secretario de Hacienda de los milicos Juan Ernesto Alemann y el miembro del Ejército Roque Ángel Martello fueron absueltos, y el secretario de un juzgado de instrucción Gonzalo Dalmacio Torres De Tolosa recibió perpetua.
Según Llonto, el juicio de la causa Esma unificada “podría haberse hecho mucho más rápido, en un año y no en cinco, y eso hubiera permitido que muchas familias que no pudieron estar al final del juicio hubiesen estado”.
“En mi caso, me tocó llevar adelante el caso de la familia Chiernajowsky, donde la querellante es Liliana Chiernajowsky, que falleció un año y medio antes del final del juicio y no pudo ver la sentencia”, explicó el abogado.
Aseguró que existe un “doble análisis respecto de ESMA: Está muy bien que se llegue con juicios de esta magnitud, con tantas víctimas e imputados, pero el tiempo que llevó el juzgamiento opaca un poco el buen juicio que sin duda fue”.
Reanudación de los juicios
Punto final
El 14 de junio de 2005 la Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521), en el fallo correspondiente a la causa “Simón, Julio Héctor y otros”.
Las leyes aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín habían provocado que gran cantidad de las causas penales abiertas para investigar los delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar quedaran paralizadas.
A partir de argumentos jurídicos tomados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Corte resolvió que las barreras legales que impedían hacer justicia debían derrumbarse.
El fallo fue un hito en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, porque la decisión de la Corte de validar la Ley 25.779, por la cual el Congreso declaró, en 2003, la nulidad de ambas leyes, contribuyó a la reapertura de los casos que habían quedado interrumpidos y a la presentación de nuevas causas.
En los primeros dos años sólo se celebraron dos juicios por año. Esta tendencia comenzó a revertirse en 2008, cuando aumentó no sólo el número de juicios, sino también el de imputados. Pero en los últimos años esta tendencia comenzó a revertirse.
El 26 de setiembre de 2016, Abuelas de Plaza De Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, HIJOS Capital, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, la APDH, Comisión por la Memoria Zona Norte y CELS presentaron un documento a la Comisión Interpoderes (creada por la Corte para agilizar causas) en el que expresaron “preocupación por la situación de las causas, en donde se juzgan los crímenes del terrorismo del Estado que se tramitan a lo largo y a lo ancho del país”.
Dilaciones
Advirtieron “un colapso en el avance de los procesos en trámite, una disminución significativa de las causas que llegan a la etapa del juicio oral y una importante dilación en la confirmación de sentencias que se encuentran en etapa recursiva, especialmente en instancia de casación”.
Atrasos
Reclamaron “soluciones a problemas estructurales relativos especialmente a la programación de audiencias, integración de tribunales, traslado de magistrados a las distintas jurisdicciones donde se tramitan las respectivas causas y las verdaderas ‘colas’ de expedientes que esperan la fijación de fecha de inicio de los debates”.
También se hizo hincapié en los “importantes atrasos respecto a la revisión de las sentencias y la confirmación de condenas y a las groseras violaciones de las prisiones domiciliarias”.
En marzo de 2017, la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad advirtió que existía “una menor cantidad de sentencias y, por consiguiente, de nuevos imputados sentenciados por año, mayor cantidad de excarcelaciones y de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario”.
Las causas continúan activas y avanzan a cuentagotas. De cara al 2018, los departamentos bonaerenses de San Martín y La Plata son los lugares que presentarán un mayor panorama crítico, debido a la cantidad de juicios orales que se acumulan.
La falta de nombramiento de jueces para la conformación de tribunales produce una saturación de causas, y la falta de agenda de juicios, que impiden que el proceso de lleve adelante de forma eficiente.
Fuentes: http://www.fiscales.gob.ar
http://www.comisionporlamemoria.org/
AUNO 29-12-17
GMN HRC
