No fue motín, fue masacre

El 14 de marzo de 1978, al menos 65 presos murieron quemados, asfixiados o baleados en el Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto. Desde 2014 es investigado como delito de lesa humanidad, un hito importante en la historia de los Derechos Humanos. Pero la causa tiene pocos avances.

Fernanda Cartolano

“Haber mostrado que lo que ocurrió no fue un motín, sino una masacre y que parte de la Justicia lo haya declarado delito de lesa humanidad, fue un avance enorme, algo muy importante”. No fue fácil. Pero en la síntesis de la abogada Claudia Cesaroni está el legado.

Se cumplen 40 años de la masacre del pabellón Séptimo en la cárcel de Devoto. Ese 14 de marzo de 1978 murieron al menos 65 personas asfixiadas, quemadas, baleadas. Desde 2014 la Justicia investiga el caso como crimen de lesa humanidad, aunque no hubo muchos avances recientes.

“EL PABELLÓN… EN UN SEGUNDO SE NUBLÓ TODO Y YA NO VEMOS NADA MÁS”

El 13 de marzo de 1978, en el penal de Villa Devoto, los presos del pabellón séptimo miraban una película por televisión. El horario permitido se excedió un poco porque la película terminó más tarde. No fue esperar demasiado: vinieron del Servicio Penitenciario y exigieron que apagaran el televisor. Terminaron discutiendo con uno de los presos, de apellido Tolosa, que al parecer, era quien tenía el control esa noche.

Durante la mañana del 14, se corrió de boca en boca que a Tolosa lo habían ido a ver por la madrugada para sancionarlo. Se había resistido, y lo habían amenazado de que ya lo iban a volver a buscar.

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Cerca de las 7, volvieron los penitenciarios y empezaron una requisa con el doble de agentes de lo habitual. Testimonios afirman que entraron al pabellón a los gritos, a los golpes, a los palazos.

Algunos presos hicieron una valla con sus camas para que la requisa no avanzara. La supuesta batalla se daba en forma desigual. Los penitenciarios tenían todas las armas para la represión; los presos sólo tenían papas para tirar, y colchones y camas para escudarse.

Buscaban que los penitenciarios se fueran, no tenían rehenes, no tenían con qué defenderse, sólo usaron lo que tenían para escudarse y empujar a los agentes. Hasta que los encerraron con llave.

Los carceleros continuaron con la violencia, tiraron gases lacrimógenos y dispararon con la ametralladora. Se generó fuego, que fue avivado con querosene, hasta convertir el pabellón en el infierno.

Se quemó todo, los quemaron a los presos: habían tratado de resistir en un territorio donde se sobrevive ante la represión todos los días. Los bomberos que llegaron para apagar el incendio no fueron autorizados a entrar a la unidad. “Razones de seguridad”.

El fuego se apagó y dejó los cuerpos entre las cosas quemadas. Al menos 65 personas murieron ese día, asfixiados por el humo, quemados o baleados.

Los que sobrevivieron fueron trasladados a un calabozo. Mientras caminaban, los increpaban y los golpeaban con ferocidad.

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No fue un motín, fue una masacre

En 1979 la causa quedó en manos del juez Jorge Valerga Aráoz, quien sobreseyó de manera provisoria a los penitenciarios que hicieron la requisa esa noche. El discurso difundido había sido el del “motín de los colchones”.

“Esta era una causa que estaba archivada, básicamente, desde un año después del hecho; la masacre fue en el ’78 y la archivaron en julio del ’79 en la Justicia ordinaria, en la Justicia local de la Ciudad”, aclara Claudia Cesaroni, abogada que intervino para pedir que se desarchivara y luego fuera declarada delito de lesa humanidad.

En plena dictadura militar, los medios de comunicación negaron por completo cualquier aspecto que pudiera acusar a las autoridades del penal como responsables de las muertes en el incendio.

Como podemos ver en este registro audiovisual de lo que mostraba la televisión:

Crimen de lesa humanidad

La abogada Cesaroni, además de impulsora del vuelco en la causa, es la autora del libro Masacre en el Pabellón Séptimo. Desgrana: “En 2012 empezamos a contactar a un sobreviviente, Hugo Cardozo, y le propusimos hacer un planteo a la Justicia Ordinaria para desarchivar la causa. Una vez que lo tuvimos, aparte de trabajar el libro, preparamos un escrito y en marzo de 2013 nos presentamos en el juzgado Federal N° 3 de Daniel Rafecas. Nos presentamos ante este juzgado porque como nosotros íbamos a sostener que esta causa se trató de un delito de lesa humanidad, y Rafecas lleva todas las causas del Primer Cuerpo de Ejército, nos pareció que debíamos ir allí. También porque el juzgado Federal 3 había sido el primero en intervenir en el año ’78”.

En primera instancia, el juez Rafecas rechazó considerar el caso como delito de lesa humanidad. Argumentó que se trataba de otro tipo de hecho, que había afectado a presos comunes, no políticos. Dijo que sí fue una grave violación de los derechos humanos, pero que aún así no llegaba a tratarse de delito de lesa humanidad, por lo que debía continuar como estaba: en manos de la Justicia ordinaria.

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“Frente a esto, nuestro argumento fue que la cárcel es un territorio como cualquier otro, de lucha, de disputa, y que lo que sucedió en el pabellón había sido una forma de reclamo como se dan los reclamos en la cárcel, y que la dictadura había desplegado en ese momento y a esa población particular de presos, su metodología represiva al igual que si lo hubiera hecho en cualquier otro territorio”, explicó Cesaroni.

Siguió: “Nada de lo que hubiera hecho el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y su estructura represiva estaba por fuera del aparto la construcción de la metodología del terrorismo de Estado, encabezado por las Fuerzas Armadas. El SPF era una fuerza bajo jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército”.

Al pedido de sobrevivientes, abogadas y abogados intervinientes y de la querella para que la Masacre fuera declarada como delito de lesa humanidad, se sumaron los organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC, espacio del que forma parte Cesaroni); la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la mutual Sentimiento. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre se presentó como querellante. Además acompañaron la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria, y muchas organizaciones más.

“La única organización que expresó en privado —no lo hizo público— que la masacre no es un delito de lesa humanidad fue el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Te diría que fue el único organismo, con el que trabajo cotidianamente que no acompañó públicamente nuestro pedido”, afirmó Cesaroni.

Finalmente, en 2014 la Cámara Federal porteña resolvió que la Justicia Federal asumiera la causa. Los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros, del Tribunal de Apelaciones, resolvieron que las muertes del pabellón séptimo de la Unidad 2 del penal de Villa Devoto fueran investigados como crímenes de lesa humanidad.

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El lento avance de la Justicia

Pero la causa no avanzó mucho desde 2014. No citaron a indagatoria a ninguno de los señalados como autores de diversos delitos, desde homicidio seguido de muerte hasta encubrimiento.

Claudia Cesaroni sostiene que el Servicio Penitenciario no aporta mucha información, al explicar “que hay mucha documentación que está destruida y que no la tienen”.

Todavía se desconoce cuáles de los imputados se encuentran vivos después de 40 años. Se sabe que aún sigue con vida el director de la Unidad, el prefecto Juan Carlos Ruiz, porque su abogado se hizo presente en todas las audiencias.

También está Enrique Guanziroli, secretario del juzgado al que en aquel momento el Servicio Penitenciario anotició del episodio. Actualmente preside la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia / Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia.

La autora del libro Masacre del pabellón séptimo reflexionó: “más allá de los avances judiciales o no, es muy importante para nosotros que lo que sucedió el 14 de marzo ya no se llame más Motín de los colchones, sino Masacre del Pabellón Séptimo y que hechos recientes como los de Pergamino o Magdalena tampoco se llamen “motines”, sino “masacres”. Creo que hicimos un aporte muy importante para eso”.

Relatos del infierno

Los tiempos cambian y la verdadera historia apareció en canciones.

Mucha gente conoció lo que ocurrió en el penal de Devoto al escuchar Toxi-Taxi, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En la canción se menciona un sueño con Luis María Canosa, un cantante amigo del Indio Solari que murió ese 14 de marzo.

“Un sueño con Luis María, muerto cuando me decía: ‘Cada día veo menos cada día veo menos, creo, menos mal”

Pero la canción más ilustrativa sobre la masacre fue Pabellón Séptimo (relato de Horacio) de Indio Solari en su etapa solista.

“¡Me asfixio! ¡Dios! // Pienso en mi cara… se está quemando, ahora, mi cara… ¡Dios! // Una explosión y los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivos…”, inicia el relato, alarido de desesperación.

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