Lomas de Zamora, noviembre 30 (AUNO).- A un mes y medio de la sanción de la Ley de Tierras —que permitirá otorgar el título de propiedad a los vecinos de las villas y que contempla la suspensión de los desalojos por al menos cuatro años—, organizaciones sociales esperan su reglamentación. También, la designación del presupuesto para comenzar en todo el país con la entrega de documentación de terrenos fiscales a las familias. En Lomas de Zamora, donde más del 30 por ciento de las tierras se halla en una situación de irregularidad en relación a la propiedad de las viviendas, 55 barrios serán alcanzados por la medida.
Impulsada en 2016 por organizaciones como CTEP, Cáritas, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa y aprobada en octubre, la Ley de Expropiación de Tierras de Barrios Populares instala otros derechos, como la urbanización de los barrios, donde las cooperativas de trabajo de cada lugar tendrán a cargo un porcentaje del total del presupuesto destinado para el plan de obras a realizar. Además, la norma establece de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras. Abarca tanto terrenos fiscales como privados, que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá expropiar.
El referente de la agrupación Barrios de Pie, Daniel Menéndez, definió a esta ley como “una forma de integrar a millones de familias que no tienen ninguna posibilidad de ejercer derechos básicos”.
En Almirante Brown existen 62 barrios populares; en Lanús 21; en Esteban Echeverría 42 y en Lomas de Zamora 55; según lo establecido por el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap), puntapié de la ley. El proceso de urbanización en el municipio lomense deberá tomar en cuenta otras problemáticas actuales, como la carencia de viviendas y las dificultades que se observan en el servicio eléctrico.
En diálogo con AUNO, el presidente de la Comisión de Tierras del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, Álvaro Llambi, indicó que más del 30 por ciento de las tierras se encuentran en “situaciones de irregularidad”, es decir, con viviendas que carecen de escrituras o que están ocupadas ilegalmente. De manera que la nueva normativa “sirve para empezar a regularizar esta situación”.
En este sentido, remarcó que vecinos de barrios como el 2 de Abril llevan más de 30 años a la espera de la reglamentación de sus tierras, por lo que sostuvo que la ley “es fundamental, ya que es un derecho para todos los compañeros, e implica un compromiso por parte de Nación a la hora de garantizar los recursos para la compra de los barrios de dominio privado”. Sin embargo, alertó que sin un presupuesto acorde “no se podrá avanzar”. Santa Catalina, Antártida Argentina, 17 de Noviembre, Libre Amanecer y Soledad son algunos de los barrios sujetos a expropiación.
En primera instancia, el Renabap determinó qué son exactamente los barrios populares: los habitados por sectores que no tienen acceso formal al menos a dos servicios básicos, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo y existe un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas. Luego, las organizaciones encararon un registro de la cantidad de habitantes en estas villas y asentamientos.
Según un relevamiento elaborado por TECHO, organización latinoamericana sin fines de lucro y que también formó parte de la construcción del proyecto aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y por casi la totalidad de los senadores, hay 4416 barrios populares en todo el país, donde viven 4 millones de personas —de las cuales un 56 por ciento son chicos— y alrededor de 900 mil familias.
La AABE tendrá un lapso de 180 días para resolver el proceso expropiatorio. El primero de los pasos en lo que a la implementación de la ley respecta será entregar los certificados de vivienda familiar en los barrios, una acción en la que intervendrá la Anses. En este tramo, los costos serán absorbidos en un 50 por ciento por el gobierno nacional y el porcentaje restante, por el de cada provincia involucrada.
Una vez entregados los certificados, la urbanización es el siguiente paso. En este aspecto, Llambi afirmó que en el municipio la falta de luz es un problema recurrente, debido a que “las empresas no hacen las inversiones o el mantenimiento adecuado de las redes, y eso genera que las 100 mil personas que residen en barrios populares de Lomas de Zamora estén en un constante riesgo eléctrico”.
José Balmaceda, referente de la agrupación Cáritas Joven en la localidad de Ingeniero Budge, ponderó el trabajo conjunto de las cuatro organizaciones sociales que impulsaron la ley y señaló que “hay muchos barrios nuevos que no tienen papeles y se encuentran tomados”, además de remarcar que en la región “hay una gran carencia de viviendas”.
Por otra parte, detalló que recientemente los vecinos de la zona construyeron “casitas” al costado de la vía, por donde ya no circula el tren, pero con grandes carencias: “Desde Cáritas colaboramos con ropa, mercadería y todo lo que podemos acercar, que siempre es poco, y en algunos de esos hogares viven hasta 10 personas, en habitaciones de cuatro metros por tres”.
Si bien destacó que se han hecho cloacas nuevas por la localidad, sostuvo, en coincidencia con lo expresado por Llambi, que las dificultades en cuanto al servicio eléctrico son un problema importante para gran parte de los vecinos.
Para Llambi, de hecho, el Gobierno está “ausente” en todo lo que respecta a obras hídricas. Remarcó que los vecinos ya no acuden a las oficinas a discutir o proponer un programa social, sino que se acercan a pedir comida: “La situación es muy compleja, hay un abismo al que el gobierno nos quiere empujar y que no podemos permitir”.
AUNO-30-11-2018
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