La expropiación de la casa de Rodolfo Walsh, una deuda de la democracia

Las organizaciones de la Mesa de la Memoria San Vicente se movilizaron nuevamente este lunes hasta la última casa del periodista, a 42 años de su desaparición. Exigieron la recuperación de la vivienda, memoria, verdad y justicia, y reparación por parte del Estado.

Melanie Berardi

Tras 42 años, Patricia Walsh está esperanzada con recuperar la última casa que perteneció a su padre, Rodolfo. La vivienda, ubicada en el barrio El Fortín, en la localidad bonaerense de San Vicente, fue bombardeada por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la madrugada del 25 de marzo de 1977. Hoy está usurpada por la familia de un ex comisario, sospechado de participar en ese terrible operativo, denuncian desde la Mesa de la Memoria San Vicente. Un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia abre la posibilidad de convertir ese lugar en un sitio de memoria.

H.I.J.O.S San Vicente y Provincia de Buenos Aires son los primeros en llegar el lunes por la tarde a la intersección de Walsh y Sarmiento. Convidan mates, bizcochuelo, hablan de sus padres. Lentamente las organizaciones se prepararon para marchar hasta la vivienda, que esperan que pronto sea expropiada.

Hace 43 años comenzó uno de los períodos más cruentos del país con una dictadura cívico, militar y eclesiástica que marcó a la sociedad para siempre. Y hace 42 que Patricia llegó a San Vicente por primera vez para comer un asado con su papá, el periodista Rodolfo Walsh, y presentarle a su segundo nieto Mariano, quien tenía apenas 16 días.

Walsh era Norberto Freyre en San Vicente. O “Beto”, para los vecinos. Vivía en un terreno que había comprado con su última compañera, Lilia Ferreyra, luego de que su casa en el Tigre fuera allanada por un grupo de tareas. Esa vivienda era una de las más alejadas a la estación de trenes de la localidad. Beto recorrió esas cuadras en un último paseo para enviar su “Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar”, en la cual denunció los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de 1976. Minutos más tarde, el grupo de la ESMA y la Policía bombardearon la casa y robaron sus pertenencia, entre ellas un cuento inédito Juan se iba por el Río.

“La Carta Abierta es un texto muy valioso para la cultura y la política. Cruzó fronteras para leerse en todo el continente. Es un escrito tan lúcido, que explica lo qué pasó, porqué pasó e incluso lo que sucedió con mi padre, por qué lo desaparecieron y lo asesinaron”, afirmó Patricia a AUNO.

Años más tarde, ella descubrió que la casa “fue usurpada por la familia del ex subayudante de la Comisaría 2 de Almirante Brown Óscar Rubén Sala”. Si bien fue declarada como Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico del partido en 2008, sus ocupantes no lo reconocen y, cada año, tapan su puerta con lonas o ponen música cuando la movilización realiza el acto central en la puerta.

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La hija de Walsh cuestionó que hayan pasado tantos años y que continúe ocupada por parientes de un ex comisario, que “tal vez haya participado del operativo que destruyó la casa”. Y alentó: “La lucha debe seguir por este lugar, que es un símbolo y aún en 2019 continúa usurpada. Eso nos indigna, nos enoja y nos duele. Si la familia necesita una vivienda, debe acceder a una pero esa casa tiene que ser recuperada por el pueblo y ser declarada un sitio de memoria”.

El reclamo por la expropiación tomó fuerza a partir de la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado bonaerense Miguel Funes. El año pasado tuvo despacho favorable en la Comisión de Tierras y Organización Territorial y, en la actualidad, está en estudio en la de Presupuesto e Impuestos. En caso ser aprobado, pasará a las comisiones de Asuntos Culturales, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia.

Funes explicó que los tiempos de tratamiento en cada comisión dependen de “la voluntad, la vocación política y la capacidad de trabajar” de los legisladores. En diálogo con AUNO aseguró que presentará una carta dirigida al presidente la Comisión de Presupuesto, Marcelo Daletto, para manifestar su preocupación por la demora en la aprobación del proyecto, así como la de la familia de Walsh y de las organizaciones de la Mesa de la Memoria de San Vicente, que impulsan la campaña de expropiación.

“Es una deuda de todos los gobiernos desde 1983 hasta la actualidad. Eso nos obliga a hacer todos los esfuerzos necesarios para que sea declarada un patrimonio cultural de las y los argentinos. No queremos que vuelvan a desaparecer a Rodolfo: no querer recuperar la casa es ocultar lo que le pasó”, afirmó el legislador.

Tras encender las antorchas y repartir los carteles con consignas y fotos, comenzaron los cánticos y la caminata hacia la casa. Un vecino se acercó hacia uno de los chicos que sostenía un cartel y le preguntó dónde estaba la casa, que la había buscado pero no la encontró. Esto se debe a que la familia Sala cubrió su frente con una frondosa ligustrina y lonas para que no pueda verse hacia adentro. Y guardan silencio sobre lo que sucedió allí.

Walsh 883, esquina Ituzaingó, respondió el chico del cartel. En la puerta, realizaron el acto central, en el cual colocaron flores rojas en homenaje a los desaparecidos, leyeron sus nombres y gritaron “presente” por cada uno de ellos. También colgaron los carteles con consignas en la reja del portón.

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La referenta de H.I.J.O.S San Vicente Analía de Pino leyó un documento en el cual consideró que la realidad actual no “está muy alejada” del pasado, pero con la diferencia que el Gobierno nacional, provincial y municipal están “disfrazados de democracia y cuentan con una estructura paraestatal servil de lacayos”.

“El municipio no estaba ajeno al horror ni a la difícil manera de sobrevivir en un país en recesión y con persecución ideológica. Para las Fuerzas Armadas, San Vicente era un lugar no visible para concretar sus operaciones atroces. ¿Por qué recordar el pasado, entonces? Porque en nosotros viven los ideales de los 30 mil detenidos desaparecidos y abogamos en construir de nuevo un país con justicia social y que sea realmente democrático este 2019”, leyó la mujer, emocionada.

El intendente Mauricio Gómez, dirigente del radicalismo, nunca participó de las marchas ni abogó por la recuperación de la casa de Walsh. “Desde el Gobierno municipal, vivimos una ausencia total y silencio”, subrayó la referenta de H.I.J.O.S San Vicente Analía Fernández.

“Nos acercamos durante los dos primeros años a la Dirección de Derechos Humanos y nunca tuvimos ningún tipo de reunión. Esa dirección luego se deshizo, por lo que ahora no existe. Tenemos la esperanza de que los gobiernos nacional, provincial y municipal cambien después de estas elecciones para poder construir una verdadera Dirección en el distrito”, aseguró.

AUNO-26-03-19
MB-SAM

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